El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), a través del Diputado Nacional Fernando Carbajal, presentó en el Congreso de la Nación el “Anteproyecto de Ley de Reforma y Actualización Integral del Código Penal de la Nación”.

Esta iniciativa busca reorientar el debate planteado por el Poder Ejecutivo Nacional en las últimas semanas. Tal como planteamos el año pasado, el desafío de sancionar un nuevo Código Penal no es meramente normativo, sino de construcción de consensos que permitan una ley penal duradera, con una aspiración de vigencia de 50 o 100 años. La historia de reformas fallidas exige que nos enfoquemos en construir estos consensos, dejando de lado los discursos de coyuntura.

La diferencia fundamental con la iniciativa del Gobierno radica en su metodología y legitimidad. El Anteproyecto apoyado por el INECIP, elaborado originalmente en 2007, se distingue por ser una obra jurídica que alcanzó gran calidad técnica y pluralidad. Fue fruto del trabajo ad honorem de una calificada comisión de expertos y, crucialmente, fue sometido a un amplio debate y consulta pública. Este proceso involucró a más de 20 Universidades Nacionales, operadores judiciales y decenas de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos.

La iniciativa del PEN, en contraste, careció de este tipo de discusión previa. Esto socava la legitimidad de una ley tan importante, pues una reforma tan profunda, que compromete diversos y legítimos intereses, no puede ser el producto exclusivo de un grupo reducido de personas.

Nuestra propuesta se fundamenta en una política criminal racional, y advertimos que el proyecto del PEN corre el riesgo de caer en el mero punitivismo demagogo. Este enfoque, centrado en el endurecimiento de penas –con incrementos en los mínimos y máximos, la imprescriptibilidad de ciertos delitos basados en su gravedad y la ampliación de la legítima defensa– ha demostrado ser ineficaz para reducir la criminalidad o generar mejoras reales en la seguridad ciudadana. Endurecer penas, además, implica elevar la tasa de encarcelamiento en un sistema penitenciario que ya se encuentra colapsado y que en estos últimos años poco ha logrado avanzar en solucionar este problema.

La presentación de este Anteproyecto, que por su fecha de elaboración deberá ser revisado y actualizado (especialmente en su parte especial), busca aportar al Congreso una base de discusión con solidez técnica y legitimidad social que impida que el debate se simplifique. El INECIP ha reiterado en múltiples ocasiones a lo largo de los años, la importancia del debate plural para construir consensos duraderos. Esto significa ir más allá de los despachos del Poder Ejecutivo: se deben incluir activamente a la academia, los operadores judiciales y, fundamentalmente, a las organizaciones de la sociedad civil, incluídas las asociaciones de víctimas y los organismos de derechos humanos, que son actores clave en la discusión.

No podemos permitir que el debate se reduzca a frases hechas. La consigna “el que las hace las paga” busca evitar la discusión de fondo: la falta de eficiencia, la desproporcionalidad y la crisis estructural de nuestro sistema penal. Solo si utilizamos una base seria y garantizamos la participación plural, podremos construir un Código Penal que exprese los consensos democráticos necesarios. Es responsabilidad del Poder Ejecutivo y del Legislativo generar un debate con honestidad intelectual, evitando recurrir al miedo social para empujar “soluciones penales” probadamente ya muchas veces como ineficaces.

– Anteproyecto original del año 2007 (reediseño del 2023).
– Proyecto de Ley 6917-D-2025 presentado por Fernando Carbajal el 4 de diciembre de 2025.