Por Feministas en Derecho (Facultad de Derecho – UNC)*
A un mes de la 19° Marcha de la Gorra, Córdoba vuelve a ser escenario de un debate que no es nuevo, pero que se vuelve cada vez más urgente: la baja de la edad de punibilidad. Mientras muchos jóvenes se preparan para volver a marchar y exigir el fin de la violencia institucional, reclamando un Estado que garantice derechos en lugar de criminalizar la pobreza, el Gobierno nacional impulsa proyectos que apuntan exactamente en la dirección contraria.
En Córdoba, la discusión pública repite los mismos argumentos de siempre: se prioriza el castigo antes que la protección integral de niñas, niños y adolescentes. Lo que sigue sin mostrarse es cómo viven quienes llegan a tener conflicto con la ley penal y en qué condiciones se encuentran los institutos de encierro.
Los centros donde se alojan adolescentes privados de libertad están ubicados en las periferias, lejos de la mirada cotidiana. Esa distancia no es casual: facilita la invisibilización de las violencias y permite instalar discursos punitivistas que reducen todo a una cuestión de “seguridad”, borrando las causas estructurales que atraviesan las vidas de esos jóvenes antes, durante y después del encierro.
Detrás de cada pibe hay historias atravesadas por el abandono estatal, la violencia familiar, la falta de acompañamiento psicológico, los consumos problemáticos y la estigmatización constante. El sistema responde con más castigo, nunca con contención. En lugar de políticas públicas sostenidas, lo que llega a los barrios populares son patrulleros, allanamientos y causas penales.
Las cifras lo demuestran: según UNICEF, los adolescentes de 14 y 15 años involucrados en delitos graves representan un porcentaje mínimo dentro del total. Aun así, el Gobierno de Milei insiste con bajar la edad mínima de responsabilidad penal (de 16 a 14 años) bajo un discurso que promete “orden” y “seguridad”, pero que en realidad profundiza la desigualdad.
Desde Feministas en Derecho sostenemos que estas medidas son regresivas, inconstitucionales y contrarias a los estándares de derechos humanos. No se trata de “más cárceles” ni de “penas más duras”, sino de garantizar derechos básicos como la educación, la salud y la inclusión social fuera del sistema penal.
Denunciamos que el Estado no controla de forma efectiva las instituciones existentes, muchas de las cuales ya fueron señaladas por organismos de derechos humanos por prácticas de maltrato y condiciones indignas. Si no se garantizan derechos dentro de los institutos actuales, ¿qué sentido tiene aumentar la población encarcelada o, como anunció el gobierno provincial, construir una nueva cárcel para menores?. ¿El común de los ciudadanos cordobeses conoce el hacinamiento, el abandono y las violencias que se viven en esos lugares? La mayoría no, porque el encierro también se construye desde la invisibilidad.
La verdadera discusión no es cuántos años debe tener un chico para ir preso. La pregunta urgente es qué sociedad queremos ser: ¿Una que castigue la pobreza o una que garantice derechos?.
Recordamos una vez más que los pibes y las pibas de los barrios no son peligrosos, están en peligro. Y frente a un Estado que los abandona o los encierra, seguimos del mismo lado: del lado de la vida, la dignidad y la justicia social.
*Feministas en Derecho es una organización nacida en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en 2018. Está conformada por estudiantes y egresadas, con el objetivo de disputar, discutir y transformar tanto la justicia como la enseñanza del derecho desde la perspectiva de género y de los derechos humanos.
Foto: Natalia Roca