Por Maximiliano Maldonado y Alicia Beltramone*

La ciudad de Córdoba ha abierto el debate para reformar integralmente su Código de Convivencia. El Concejo Deliberante promete convocar a todos los sectores de la sociedad para revisar la legislación. ¿Cuáles deberían ser los principales puntos a tratar?

El Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba formó una Comisión Especial de Análisis y Adecuación del Código de Convivencia Municipal con la intención de generar un debate amplio, en el que participen la mayor parte de las personas y representantes de distintas organizaciones que se desempeñen en la ciudad.

Algunos de los ejes principales a consensuar son: la adecuación de la ordenanza vigente, que tiene 289 artículos -de los cuales 245 son sancionatorios-, la participación de la ciudadanía para que las personas entiendan la normativa y se apropien de la misma, el impacto de la tecnología, tanto en la vida de los vecinos como en el accionar de la actual Justicia Administrativa de Faltas; y la simplificación del texto del Código para que resulte más accesible a la comprensión de las personas en general, y no solo de quienes deben aplicar las sanciones previstas en el mismo.

En un momento histórico en el que crece la conflictividad social, la reforma se convierte en una oportunidad para poner en discusión las reglas previstas en la ordenanza actual, y dentro del ámbito del Poder Legislativo Municipal, debatir y lograr acuerdos de la forma más democrática posible.

La multiplicidad de situaciones que se suscitan al vivir en comunidad, en un contexto marcado por la desigualdad, la cultura del consumo, la fragmentación social y la dificultad de las instituciones para producir cohesión, han ido mutando junto con el avance tecnológico y la madurez de la sociedad frente a determinadas materias.

Esto vuelve indispensable que la discusión, necesariamente, abarque temas como las nuevas formas de conflictividad social, que se generan y difunden en el entorno digital; las reglas de conducta, que deben ser claras y precisas, que se deben respetar para lograr una mejor convivencia social y el paradigma desde el cual se va a analizar la ordenanza en cuestión.

Córdoba es la ciudad más extensa en superficie de todo el país, por lo que su legislación debe contemplar múltiples realidades en constante cambio. Además, la capital de la provincia encabeza desde hace ya varios años un Área Metropolitana que nuclea localidades de Sierras Chicas, Paravachasca, Punilla y el “Cinturón Verde” de la provincia. Todas estas son zonas conocidas por ser “ciudades dormitorio”, en las que sus pobladores pasan la mayor parte de su tiempo laboral en la metrópolis, y se desplazan muchos kilómetros de manera diaria, lo cual necesariamente genera cambios en la conducta de los ciudadanos y y exige una cooperación entre las ciudades y pueblos que rodean la capital cordobesa.

Creemos que las principales reformas deberían apuntar a superar lo que Binder llama la “visión infraccional”: fomentando la participación de la ciudadanía, el sentido de responsabilidad, acuerdos o respuestas composicionales y la oralidad y simplicidad de los procesos. En definitiva, aprovechar el potencial que tiene “lo local” para acercar a las partes y gestionar los conflictos.

Quizás, incluso, Córdoba se anime a revisar una deuda que aún pocas localidades del país han saldado: la Justicia Municipal. Desde la reforma constitucional de 1994, la autonomía de los municipios es un imperativo supralegal que debería llevar necesariamente a repúblicas locales, con su correspondiente división de poderes. ¿Podrá Córdoba convertirse en pionera y reconocer la separación de su administración de justicia respecto a su poder ejecutivo?

Si bien la última reforma del código citadino tiene menos de 10 años, resulta necesario adecuar el cuerpo normativo a los cambios que se suceden en la vida social y comunitaria de los y las ciudadanas, incorporando y consolidando normas con la finalidad de dar tratamiento de una manera clara, sencilla y abarcativa a situaciones no contempladas, logrando una mejor comprensión del mismo y la aplicación efectiva de la ordenanza a través de los principios de homogeneidad, completitud, unidad y coherencia normativas.

Sólo queda entonces estar atentos a las novedades, escuchar qué tiene para decir la sociedad civil y acompañar el debate público con la expectativa de una reforma que supere la respuesta meramente sancionatoria.

*Maximiliano Maldonado es Abogado (U.N.C), Especializando en derecho judicial y de las judicaturas (U.C.C.), miembro del Instituto Latinoaméricano de Seguridad y Democracia (ILSED), autor de varias publicaciones sobre derecho penal y violencia institucional.
Alicia Beltramone es Abogada (U.N.C), miembro de equipos de investigación y extensión sobre políticas de seguridad. Autora de artículos sobre sistema penal, sistema contravencional y violencia de género. Organización y participación en congresos sobre las materias. Miembro de Feministas en Derecho.