Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe*
La provincia de Jujuy, desde tiempos inmemoriales, ha sido habitada por diversas comunidades de pueblos originarios. Incluso, el origen del nombre de la provincia vendría del quechua xuxuyoc, nombre de un funcionario inca de la región, del que derivó en xuxuy.
En este momento, hay doce pueblos que habitan en Jujuy, como Atacama, Chané, Chicha, Chulupí, Fiscara, Guaraní, Kolla, Ocloya, Omaguaca, Quechua, Qom y Tilian.
Todos esos pueblos se sumaron a la gesta de nuestra independencia. Ellos participaron del “Éxodo Jujeño” acompañando a Manuel Belgrano y, luego, tuvieron un valioso protagonismo en diversos hechos de la gesta nacional en la emancipación de España. Sin embargo, la nación Argentina liberada, no trajo, necesariamente, el reconocimiento real de los derechos correspondientes a los pueblos originarios.
Sublevación
A fines del siglo XIX, los indígenas peleaban por la propiedad de sus tierras ancestrales y poder trabajarlas, sin el peso agobiante de las exigencias de terratenientes ilegítimos, que les cobraban altos arrendamientos por cultivarlas o los obligaban a trabajar para ellos o los expulsaban.
En 1874, se sublevaron y el gobernador de Jujuy de ese entonces, José Álvarez Prado, acudió en defensa de los intereses de los terratenientes. El enfrentamiento se produjo en diciembre de ese año, en la llamada batalla de Abra de la Cruz o Combate de Cochinoca. Los indígenas ganaron usando armas rudimentarias y, con nobleza, habiendo capturado al gobernador, lo dejaron en libertad.
Luego, en enero de 1875, se dio la batalla de Quera, en la que Álvarez Prado, como segundo comandante, derrotó a los indígenas. Los vencedores no tuvieron la hidalguía de los aborígenes y capturaron a los jefes indígenas Federico Zurita, Benjamín Gonza y Laureano Saravia Anastasio Inca, quienes fueron fusilados en el acto y sus cuerpos puestos en exposición.
Primer Malón de la Paz
Lamentablemente, las situaciones de injusticia no cambiaban y se organizó el primer Malón de la Paz en mayo de 1946. Los indígenas caminaron desde el noroeste argentino a Buenos Aires para pedir al gobierno nacional que les ayudara en la restitución de sus territorios, tomados por las oligarquías locales.
El reclamo se dirigía, entre otros planteos, en especial contra Robustiano Patrón Costa, que los trataba como siervos esclavizados. Incluso él, en 1942, había lanzado su candidatura a la presidencia de la Nación. Al respecto, los indígenas Valentín Zárate y José Nievas expresaron, como lo consignó el diario La Razón del 11 de julio de 1946: ”Las tierras fueron de nuestros bisabuelos. El señor Patrón Costa se apoderó de ellas y las incluyó en sus tierras sumándolas a no pocas hectáreas. Tenemos que pagar $ 1,50 por cabeza de ganado, y otro tanto por cada planta de naranjo que cultivamos. La producción apenas alcanza para nuestras familias, si se muere una vaca o se seca una planta igual nos cobran el ‘impuesto’ durante cinco años (…). Nos pagan $ 1,50 por cada 1.000 kilos de caña que pelamos y que a veces demandan tres días de labor. No es posible negarse, porque entonces aparece la policía del Ingenio con winchester, pistola, sable y látigo y nos obligan a trabajar. También es obligatorio comprar en la proveeduría del Ingenio. Si compramos particularmente, la misma policía se encarga de quitarnos las provisiones y como castigo nos hacen trabajar gratis una semana. A veces nos llevan presos y nos dejan en los calabozos seis días sin comer”.
El Malón logró que el presidente Juan Domingo Perón atendiera sus reclamos y expropiara tierras en la Puna y en la Quebrada de Humahuaca, con el objetivo de devolverlas a las comunidades. Sin embargo, dicha conquista no pudo efectivizarse en ese momento.
Segundo Malón de la Paz
Los indígenas jujeños, después de mucho tiempo, lograron que el Tribunal Contencioso Administrativo de Jujuy ordenara al gobierno provincial entregar todos los títulos de propiedad comunitaria de las tierras a las comunidades. El fallo fue apelado por el gobierno provincial, no obstante, la reforma constitucional nacional de 1994 también había legitimado los reclamos indígenas.
Con motivo de la nueva dilación para no cumplir, en agosto de 2006, se llevó a cabo el Segundo Malón de la Paz.
Tercer malón de la Paz
Ante el dictado por parte del entonces gobernador de Jujuy Gerardo Morales de una nueva Constitución de manera ilegal, en la que no se contemplan debidamente los derechos que tienen los indígenas, en julio de 2023, se llevó a cabo el Tercer Malón de la Paz.
Los indígenas reclaman la inconstitucionalidad de la reforma “exprés” de la Constitución, porque genera mecanismos por los cuales, de manera discrecional, sin consultarlos, ni respetar su cultura, se pueden apropiar de sus tierras, posesiones comunes, del agua y contaminar su ecosistema, particularmente por la extracción del litio. Además, denunciaron las graves violaciones a los derechos humanos de las que fueron y están siendo víctimas.
En la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que eligió a Gerardo Morales como candidato a vicepresidente para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), prohibió que se instalaran en la Plaza Lavalle, frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Incluso se intentó desalojarlos en una madrugada y no se les dejó armar carpas, a pesar de las temperaturas muy bajas, la presencia de niños, niñas y mujeres embarazadas y los días de lluvia. Sólo se les autorizó contar con dos baños químicos para el uso de más de 400 personas y deben cobijarse con plásticos. Verdaderamente inhumano. Ellos querían que la Corte los recibiera, lo que no se ha logrado hasta la fecha.
El poder legislativo prometió diversas cosas, pero que no se han concretado aún y el panorama político actual no permite avizorar cambios importantes a la brevedad.
El ex presidente Alberto Fernández presentó una acción ante la Corte planteando la inconstitucionalidad de la reforma constitucional de Jujuy, lo que no ha sido resuelto aún. Además, el 29 de agosto de 23 dictó el Decreto 435, por el que creó la “Comisión de recepción y análisis de denuncias sobre violencia institucional en la provincia de Jujuy”, que recién ha podido empezar a trabajar.
Mientras tanto, el gobierno de Morales activó diversas acciones en contra de los indígenas con tipificaciones penales como la de secesión, o sea, imputando un alzamiento delictivo en contra de la nueva Constitución, cuando de lo que se trata es de discutir que esa reforma es inconstitucional. También les aplican sanciones contravencionales por participar de marchas de protesta, con multas de $ 2.500.000. No hay garantías judiciales en dicha provincia, con omisión de actuar por parte de dicho poder respecto de las graves violaciones de derechos humanos que se han dado. Tampoco, se analiza la culpabilidad del gobierno saliente por ser el causante de las protestas legítimas que se llevaron adelante.
Hay que asegurar la paz al Malón, que merece que se atiendan sus reclamos con urgencia.
Cruel moraleja
La Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy estuvo integrada, con carácter ad honorem, por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el pastor Leonardo Schindler, la antropóloga Diana Lenton y los juristas Eduardo Salvador Barcesat y Humberto Podetti, entre otros/as. Luego de muchos inconvenientes -ya que no se les proporcionó lo necesario para hacer el trabajo-, la Comisión presentó su informe el 15 de diciembre de 2023.
En dicho informe se señalaron graves violaciones de los derechos humanos que se han dado en Jujuy, como arbitrariedad de las detenciones en violación de las garantías y derechos judiciales; violencia de género ejercida contra las mujeres; violaciones al derecho de la libertad de expresión respecto de medios periodísticos independientes. Gravísimas violaciones a los derechos humanos que podrían acarrear responsabilidad internacional al Estado argentino.
En ese contexto, el Malón no logró ser recibido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Estuvieron casi seis meses esperando una respuesta del máximo tribunal, mientras acampaban frente al Palacio de Tribunales en la Plaza Lavalle.
No obstante la precariedad a la que los sometieron, el 16 de diciembre de este año fueron desalojados por la fuerza de la plaza.
La Comisión les dio la razón en lo que planteaban, sin embargo, fueron echados. El desamparo concreto es grave y muestra una grave discriminación a los pueblos indígenas existente en Jujuy y la falta del acompañamiento debido del gobierno nacional.
*Miguel Julio Rodríguez Villafañe es abogado constitucionalista cordobés y periodista de opinión.