Por Aldana Romano* y Celeste Pousa**
Pasaron más de 170 años desde que Alberdi, en la constitución que redactó para la provincia de Mendoza, definió a la justicia municipal como el “cuarto Poder Judicial de la República”. Sin embargo, por casi dos siglos, el reconocimiento de éste como expresión de la autonomía municipal, siguió siendo una deuda pendiente de la República Argentina.
El largo derrotero de la lucha del municipalismo argentino por la autonomía de los municipios finalmente logró consolidarse con la incorporación del art. 123 a la Constitución de 1994. Éste reconoció la autonomía municipal en los aspectos institucionales, políticos, administrativos, económicos y financieros. Sin lugar a dudas o interpretaciones, puso fin a años de disputa sobre su naturaleza jurídica, dejando atrás la vieja concepción de los municipios como entes autárquicos, para concebirlos con plena autonomía.
Desde una perspectiva republicana, el reconocimiento de los municipios como Estados autónomos supone la división de poderes en su interior. Los municipios, en tanto repúblicas municipales, deben tener un Poder Ejecutivo, un Poder Legislativo y un Poder Judicial. Sin embargo, al día de hoy son muy pocos los que se han hecho cargo del diseño constitucional. Por el contrario, la autonomía en el orden institucional no fue correctamente receptada por los Estados municipales, que mantuvieron —en la enorme mayoría de los casos— una estructura de poder bipartita, compuesta por un Poder Ejecutivo (intendencia) y un Poder Legislativo (concejo deliberante). La justicia municipal como tercer poder de contralor ha estado ausente. En su lugar, adoptó una forma de ente administrativo, dedicado a la ejecución de multas e impuestos locales y otras decisiones del Poder Ejecutivo municipal. Como consecuencia de esta concepción, los municipios han perdido la capacidad de gestionar y juzgar en su propio territorio los conflictos que afectan a su comunidad.
No es ninguna novedad que los tiempos que corren dan cuenta de una creciente crispación social: evidenciamos día a día cómo los debates desmedidos en redes sociales se trasladan con mucha virulencia —y hasta violencia— a las calles. Estamos en una época donde los microconflictos escalan de manera acelerada, poniendo muchas veces en jaque la propia convivencia. A su vez, la ineficacia de los gobiernos para gestionar correctamente los conflictos ha contribuido enormemente a esta situación. La sociedad no cree que las instituciones responsables de dar respuesta a los conflictos puedan efectivamente hacerlo. Los niveles de confianza en la justicia en Argentina no superan el 3 %, según datos de Latinobarómetro en el año 2023. Sería ingenuo pensar que en el futuro tendremos menores niveles de conflictividad social. Muy por el contrario, las sociedades diversas conllevan inexorablemente conflictos. De hecho, eso es lo que define a una sociedad democrática, ya que sólo la democracia acepta el conflicto como constitutivo de la sociedad; su abolición, en cambio, es propia de regímenes totalitarios que niegan la diferencia. Vivir en democracia, sin embargo, exige construir mejores respuestas para gestionar adecuadamente los conflictos.
Si de verdad queremos vivir en sociedades que admitan la diversidad, si estamos realmente convencidos y convencidas que el conflicto no debe resolverse mediante la imposición del más fuerte, entonces tenemos que hacernos cargo de su gestión. Es tiempo de que los gobiernos locales asuman la responsabilidad que les cabe en la gestión de la conflictividad vecinal. Son los municipios los que deben dar una primera respuesta a los conflictos que suceden en sus propios territorios. Son ellos también los responsables de desarrollar políticas de tolerancia que permitan la vida en comunidad. La justicia municipal es, en este sentido, una herramienta indispensable para lograrlo.
Los municipios necesitan repensar la justicia municipal bajo un nuevo paradigma de gestión de la conflictividad vecinal. Ello implica darle la autonomía necesaria para que la justicia pueda dar respuesta a los conflictos que afectan día a día a los y las vecinas. Pero no alcanza solo con eso. Una justicia que pueda efectivamente gestionar el conflicto y desarrollar una política de la tolerancia requiere abrirle la puerta a la ciudadanía. La justicia municipal debe incorporar a los y las ciudadanas para que sean éstos y éstas quienes tomen las decisiones. Los modelos de jurados vecinales que tres ciudades argentinas ya han puesto en marcha, nos demuestran que confiar en la ciudadanía es posible. En momentos de debates sociales que parecen ser irremediables, los jurados de San Patricio del Chañar, de Rosario y de Mendoza nos muestran lo inverosímil: podemos deliberar, escucharnos y hasta ponernos de acuerdo respecto a aquellas pautas que afectan nuestra convivencia. Una tarea indispensable y urgente para poder vivir en democracia.
* Aldana Romano es codirectora del Programa de Gestión y Organización Judicial del INECIP.
* Celeste Pousa es investigadora del INECIP.
Foto de portada: Primer juicio jurado vecinal en Rosario. Foto: Subsecretaría de Comunicación Social (Marcelo Beltrame)