Por Micaela Giubilato*
El decreto 445/2025 del Poder Ejecutivo Nacional eliminó la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y restableció el antiguo modelo del Registro Nacional de Armas de Fuego (RENAR). Con esta medida se consolida la orientación del gobierno de Javier Milei hacia la flexibilización de acceso a las armas de fuego y la derogación de las políticas públicas de desarme y prevención de violencia armada.
En el mes de julio, el gobierno nacional de Javier Milei emitió el Decreto delegado 445/2025, el cual eliminó la ANMaC, dando un golpe crítico a la política pública nacional de control de armas de fuego y desarme. Sin embargo este decreto, aunque profundamente preocupante, no resulta sorprendente. Se trata de una decisión coherente con una serie de medidas a través de las cuales el actual gobierno, de forma unilateral y sin ningún debate público, está cambiando el paradigma que guió la política pública de control de armas de fuego en nuestro país durante casi 20 años. Entre estas medidas se destaca la reducción de la edad mínima para la tenencia legítima de armas de fuego, pasando de 21 a 18 años (decreto 1081/2024); la campaña pública para promover la “tenencia express” mediante trámite online (resolución ANMaC 45/2025); y la flexibilización de la adquisición y tenencia de fusiles semiautomáticos (decreto 397/2025).
La promulgación del decreto 445/2025, mediante la modificación de la ley que dio origen a la ANMaC, profundiza la orientación que el mismo Javier Milei ha planteado públicamente en múltiples ocasiones: la liberalización del acceso a las armas de fuego. La sanción de la ley de creación de la ANMaC implicó un fuerte consenso político motorizado por el activismo de la sociedad civil para imponer al Estado la obligación de implementar una política proactiva y eficaz en el control de armas de fuego. Para ello, instituyó una agencia moderna, profesionalizada y autónoma, con funciones de control y reducción de las armas de fuego y políticas de prevención de la violencia armada. El reemplazo del viejo RENAR no fue un mero cambio administrativo: supuso dejar atrás un modelo puramente registral, incapaz de prevenir desvíos de armas al mercado ilegal o de reducir su circulación y que por su dependencia política había demostrado ser ineficaz para resguardar la seguridad ciudadana. Su restitución implica un retroceso a ese esquema limitado, centrado en procesar trámites de usuarios de armas, desmantelando las herramientas de fiscalización, prevención y coordinación interinstitucional con las que contaba ANMaC, aún con los cuestionables déficits en su implementación.
Una política pública de control de armas de fuego, como sostiene Cóncaro (2019), es parte de las políticas públicas de seguridad que se encargan de gestionar la conflictividad, en este caso, ligada concretamente a la violencia armada. Para que sea una política eficaz debe contar con tres ejes interdependientes: la prevención de la violencia armada (campañas de concientización, desarme voluntario, educación para la paz); el control y fiscalización del mercado legal (registro, trazabilidad y regulación estricta de usuarios y materiales controlados) y la persecución del mercado ilegal (investigación criminal, cooperación internacional y destrucción sistemática de material incautado). Estos pilares son esenciales en el contexto latinoamericano, la región con mayor tasa de muertes por armas de fuego en el mundo, y han permitido que Argentina mantenga históricamente una de las tasas más bajas de homicidios en Sudamérica. El desmantelamiento de este entramado no sólo desprotege a la ciudadanía, sino que desarticula un consenso político y social construido durante casi dos décadas.
Que estas modificaciones normativas se estén haciendo mediante decretos y de espalda al debate legislativo demuestra que el Gobierno Nacional es consciente que va en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad argentina, que rechaza una sociedad más armada. La experiencia nacional e internacional demuestra que un aumento en la circulación de armas incrementa los desvíos hacia el crimen organizado, eleva los riesgos de femicidios, accidentes domésticos, suicidios y muertes en conflictos interpersonales. Las armas de fuego tienen una alta incidencia en Argentina en homicidios que responden a discusiones o conflictos intrafamiliares; uno de cada cuatro femicidios es cometido con armas de fuego; y en contextos con menor control se incrementan las probabilidades de tiroteos masivos. Es por ello que frente a la flexibilización de las políticas de control de armas de fuego debemos preguntarnos si estamos dispuestos como sociedad a tolerar un Estado que avale un modelo que promueva mayores niveles de violencia armada.
Ante este escenario, la Red Argentina para el Desarme impulsa la campaña “Por una Argentina Sin Armas”, convocando a toda la ciudadanía a movilizarse y defender el derecho colectivo a vivir en paz. Durante casi dos décadas, la RAD ha demostrado que la participación social es clave para frenar retrocesos y sostener políticas de control de armas eficaces. Con ese convencimiento, la RAD invita a todas las personas que estén interesadas en sumarse a esta campaña por una sociedad sin armas de fuego, a participar el jueves 21 de agosto a las 17:30, en Av. Cabildo 1740 (CABA), de un encuentro cultural para concientizar sobre los riesgos de las armas de fuego. Hoy, más que nunca, es urgente unir voces para preservar un modelo de sociedad segura, democrática y libre de violencias.
* Coordinadora del INECIP. Lic. en Ciencia Política.