Por Malka Manestar*
El año que está terminando fue complejo en materia de derechos humanos para la provincia de Jujuy. El proceso de reforma de la Constitución provincial y la ola de protestas que sucedieron en rechazo de dicha reforma fueron el escenario de numerosas violaciones de derechos humanos. En su faz represiva, el Estado dio rienda suelta al ejercicio de múltiples formas de violencia institucional para contrarrestar las protestas.
Cuando hablamos de contextos represivos nos referimos al ejercicio de violencia estatal orientada a reprimir, contener o eliminar la conflictividad social. Como sostiene Marina Franco, el Estado argentino históricamente ha ejercido violencia contra distintos sectores de la población y la represión ha sido un instrumento de disciplinamiento social permanentemente utilizado con variables grados de intensidad.
Si bien las violencias ejercidas por el Estado durante la última dictadura cívico militar, caracterizadas por la excepcionalidad y las formas clandestinas que adoptó el sistema represivo, son diferentes de las que se dan en democracia, las prácticas actuales son el resultado de procesos sociohistóricos que tienden a permitir o prohibir ciertas formas de relaciones sociales. En este marco, es posible identificar rupturas y continuidades en estas prácticas.
En el marco del proceso de reforma constitucional durante junio y julio de 2023, la violencia estatal de alta intensidad represiva ejercida por el gobierno y la policía de Jujuy permitieron a la ciudadanía identificar ciertas analogías con el período dictatorial. “¡Esto ya parece la dictadura!” fue una frase que se repetía y encontraba su contenido material en las prácticas estatales. Detenciones arbitrarias, represión desmedida, actuación de policías de civil sin ninguna identificación, violaciones de domicilios, allanamientos ilegales, utilización de vehículos sin identificaciones policiales pertenecientes a empresas privadas fueron algunas de esas prácticas que nos pueden remontar a la Noche del Apagón de 1976.
En este contexto, entre las estrategias de defensa de derechos humanos más significativas la presentación de hábeas corpus tuvo un lugar privilegiado. No sólo por la cantidad de acciones presentadas sino por los rechazos generalizados por parte de la justicia, lo que también podría rememorarnos a los tiempos dictatoriales. Quizás estos hechos represivos pasen a la historia jujeña como los días de mayor violencia estatal en estos 40 años de democracia.
El hábeas corpus como herramienta de defensa de derechos humanos en contextos represivos
El juez federal Daniel Rafecas señala que en la historia del recurso de hábeas corpus en Argentina se pueden identificar dos etapas diferenciadas. La primera, durante la última dictadura cívico-militar, donde se utilizó masivamente para contrarrestar los operativos ilegales y sistemáticos de secuestro de personas llevados a cabo por las fuerzas armadas y de seguridad. La segunda, en tiempos democráticos, donde se consolidó como un recurso importante para organizaciones y activistas de derechos humanos preocupados por las condiciones inhumanas de detención.
En Jujuy, debemos señalar, además, que la presentación de hábeas corpus, principalmente colectivos preventivos, es una práctica que se ha vuelto frecuente. Especialmente en ciertas situaciones donde el peligro de detenciones está latente o es inminente, por ejemplo, en las manifestaciones o protestas sociales en reclamo o rechazo a las medidas del gobierno provincial o en el contexto represivo que se desplegó durante el proceso de reforma constitucional. Sin embargo, también resulta frecuente escuchar frases de abogados/as defensores/as de derechos humanos, como: “En Jujuy no existe la tramitación del hábeas corpus”, “Nos rechazaron todos los hábeas corpus” o “No tenemos justicia”, debido a las respuestas por parte del Poder Judicial
Por ejemplo, de la totalidad de hábeas corpus presentados por la organización de derechos humanos Andhes en el marco de las protestas por la reforma constitucional entre junio y julio de 2023, todos tuvieron resoluciones negativas, no se hizo lugar o fueron rechazados. Sin embargo, en las sentencias podemos evidenciar que más allá del rechazo los jueces hicieron recomendaciones específicas tomadas de los habeas corpus que dan cuenta del contexto represivo. Por ejemplo, en un hábeas corpus recomendaron a las autoridades policiales respetar protocolos para el uso de la fuerza, lo que da cuenta de prácticas represivas sin respetar estándares ni parámetros en materia de derechos humanos. En otro hábeas corpus, la justicia recomendó a las autoridades convocar a una mesa de diálogo, encabezada por el obispo, con todos los actores sociales involucrados en el conflicto, lo que nos da la pauta de la falta de instancias de diálogo y de participación ciudadana pero también de la ausencia de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas durante el proceso de reforma.
Las resoluciones negativas pueden interpretarse como obstáculos para el acceso a la justicia en contextos represivos y como evidencia de la connivencia entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.
Como sucedió con los hábeas corpus presentados y rechazados durante la dictadura, en la actualidad las presentaciones pueden servir para poner en evidencia y documentar violaciones a los derechos humanos o como prueba para denuncias en los sistemas internacionales de protección de derechos, es decir como una estrategia jurídico política. Asimismo, las resoluciones negativas pueden interpretarse como datos indiciarios de obstáculos para el acceso a la justicia en contextos represivos y como evidencia de la connivencia de intereses entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.
El rechazo de los reiterados habeas corpus presentados puede estar vinculado a distintos factores, las limitadas o nulas tareas de investigación por parte de la justicia que se evidencia a partir de los escasos o nulos pedidos de informe en algunos casos. Se observa como práctica recurrente “declararse incompetente”, como una forma de sacarse de encima el peso de resolver una cuestión social y políticamente problemática. También, se identificó que con asiduidad se “declara la cuestión como abstracta”, debido al largo plazo que transcurre entre la presentación y la resolución del juez: se dilata el tiempo de tratamiento que debería ser inmediato, por lo cual la cuestión pierde en algunos casos la relevancia o cambian las circunstancias que motivaron la acción.
Finalmente, considero clave analizar el lugar que lxs abogadxs ocupan en estos contextos represivos. En los primeros hábeas corpus presentados durante el proceso de reforma de la constitución se los observa como patrocinantes a favor de otros, acompañando con su firma a la ciudadanía movilizada: la docencia, las comunidades indígenas y las organizaciones sociales. En el último hábeas corpus se observa cómo lxs abogadxs pasan a ser los sujetos protegidos ante las detenciones inminentes, convirtiéndose en blancos de la represión por sus actividades de defensa de derechos. Esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿quién defiende a lxs defensores de derechos humanos en contextos represivos?
A modo de cierre
Las respuestas represivas a las numerosas protestas sociales que se desataron en la provincia de Jujuy durante el proceso de reforma de la Constitución provincial pusieron en evidencia la complejidad del entramado burocrático punitivo – represivo dirigido a socavar la resistencia popular.
Aunque los resultados, en términos jurídicos, muchas veces no son los esperados, la acción de hábeas corpus se sigue utilizando. El rechazo sistemático de hábeas corpus puede servir para caracterizar o describir obstáculos en el acceso a la justicia, como así también para caracterizar el entramado de relaciones de interdependencia, reciprocidad e intercambio entre el Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo. Además, sigue siendo una prueba valiosa para documentar graves violaciones a los derechos humanos.
El hábeas corpus como estrategia de defensa de derechos humanos, implica un aprendizaje histórico, un legado de aquellos abogados, abogadas, defensores y defensoras de derechos humanos que supieron resistir durante la dictadura cívico militar. De esta manera, cobra un valor político y simbólico, mucho más allá de lo estrictamente jurídico. Surge como un legado en la lucha histórica por los derechos humanos, una herramienta fundamental del activismo.
* Malka Manestar es abogada, magíster en Derechos Humanos, Estado y Sociedad y docente de la Universidad Nacional de Jujuy.