Por Feministas en Derecho*
Alerta de spoiler: es parte del proyecto político de La Libertad Avanza (LLA) la destrucción -mediante muerte por asfixia presupuestaria- del sistema universitario y científico argentino. Sostenemos que sería una muerte por asfixia porque es lenta y agonizante, mediante el desfinanciamiento del presupuesto universitario que es imprescindible tanto para salarios docentes y no docentes como para becas e investigación científica.
Pero este plan de gobierno es mayor y más terrible: el partido que dirige actualmente el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) persigue la destrucción de todo lo público: desde un ajuste feroz a los hospitales públicos nacionales y la eliminación del plan ENIA (plan de prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) hasta el desmantelamiento del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y el ARSAT (Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A.).
El oficialismo, con el Congreso- y gran parte del Poder Judicial como cómplices-, están apostando a un juego sucio: el desgaste. Mientras el presidente asegura por televisión que la universidad “seguirá siendo pública y no arancelada”, vacía el presupuesto educativo e impulsa un aparato discursivo con el objetivo de desprestigiar la enseñanza universitaria pública de reconocimientos a nivel mundial.
El presupuesto proyectado para 2025 a las universidades es apenas la mitad de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional, y prácticamente no se considera ninguna recuperación para el salario docente, a pesar de la inflación de este año y pérdida de poder adquisitivo acumulada de años anteriores. Y el presupuesto destinado en 2024 implicó un recorte de más del 70% en comparación con el del 2023. Un dato comparativo con el gobierno de la Junta militar es escalofriante: los militares recortaron en 1977 un 45% el presupuesto universitario con respecto al año anterior. Este gobierno actual está superando al gobierno de facto en su desfinanciamiento y ataque a lo público, pero con la novedad de que fue electo de forma democrática. Es la primera vez en la historia argentina que un partido de ultraderecha accede al PEN mediante elecciones limpias.
En las interrupciones democráticas de nuestra historia los ataques a las universidades públicas no faltaron. La universidad y la educación quedaban bajo sospecha: ahí estaba “el enemigo”. La educación era el espacio donde “la subversión” podía desarrollarse. En esto último tenían razón: la educación es revolucionaria. La educación -y más aún cuando es pública: al acceso de todas y todos- puede generar a nivel individual y colectivo una subversión. Una subversión entendida como la acción y efecto de subvertir: de subvertir la conciencia, de subvertir el orden establecido, de subvertir las instituciones. Sobran ejemplos de revueltas nacidas o apoyadas desde nuestras universidades: la reforma universitaria de 1918 y el Cordobazo de 1969, por nombrar algunas que tuvieron a nuestra Universidad Nacional de Córdoba como protagonista.
En un breve repaso histórico, dadas las coincidencias entre la LLA y las juntas militares que han gobernado de facto el país -además del feroz ajuste-, podemos mencionar:
- El gobierno de facto de Onganía de 1966 sostuvo que existía una relación directa entre universidad, comunismo y subversión, y que esta relación requería la intervención de los claustros, la purga de docentes y el control de contenidos. La denominada “Noche de los Bastones Largos” mostró que no solo se buscaba reprimir al enemigo “rojo” sino -fundamentalmente- lo que representaba la universidad argentina de aquellos años: producción de conocimiento, participación política, movilidad social. Este es el mismo objetivo del ataque mediante asfixia presupuestaria de LLA. Se ataca material pero sobre todo simbólicamente a las universidades públicas: están en contra de la producción de conocimiento en estas instituciones, están en contra de la movilidad social ascendente.
- El gobierno de la Junta Militar que asumió en 24 de marzo de 1976 dictó una nueva Ley Universitaria: las universidades quedaron bajo el control del poder ejecutivo, se suprimieron los órganos colegiados de gobierno, la actividad gremial y política quedó prohibida. Un deseo latente del gobierno de Javier Milei sin dudas es prohibir la política en las universidades. De ahí los sucesivos ataques a la “politización” de la enseñanza. Además, en 1977 en el gobierno de facto elaboró el documento “Subversión en el ámbito educativo” con el subtítulo “Conozcamos a nuestro enemigo”. Parece que también para la LLA el sistema universitario y científico está lleno de “enemigos”.
Volviendo a la actualidad, desde incluso antes de asumir el actual gobierno, la campaña electoral de LLA tendió a menospreciar a la educación pública, resaltando los supuestos valores del sistema de vouchers. Sin embargo, a partir de 2024, ya en cabeza del gobierno nacional, el discurso se transformó en un ataque directo, cada vez más agresivo, multiplicando exponencialmente las fake news en relación a las universidades desde los canales oficiales. Es para analizar que el ataque se da por partida doble, desde dos frentes: el de la comunicación y el de la política-economía, mediante el recorte feroz.
Tuvimos que empezar a rebatir “argumentos” tan vagos y alejados de la realidad como que “la universidad pública nacional solo le sirve a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta” (cuando entre el 42% y el 48% del estudiantado se encuentra por debajo de las líneas de pobreza), que las universidades “no se auditan” (cuando la responsable de hacerlo es la Auditoría General de la Nación, que en su página web activa ha subido hace apenas unos días resultados de auditorías a universidades), o que se “inventan alumnos” para conseguir presupuesto (cuando el mismo no se reparte en relación a la cantidad de estudiantes, y su contabilidad depende del Poder Ejecutivo Nacional), entre otras cosas.
Podemos incluso preguntarnos si se habría podido ejecutar el ajuste sin la brutal campaña comunicacional de mentiras. De la misma forma que Naomi Klein sostiene en la Doctrina del Shock, la receta se repite y los ingredientes van juntos: un ajuste despiadado hacia los sectores más vulnerables y la represión de las protestas en contra de tales medidas.
Siempre que se atenta contra la democracia, se agrede y desfinancia a la educación universitaria pública. LLA es un partido político que, aunque asume el gobierno a través de elecciones, ejerce el poder de manera muy poco democrática. Y es que la democracia no se agota en las urnas; la democracia son las calles, los vecinos conversando, los juicios por jurado, las radios populares, los hospitales, las aulas. En menos de un año de gobierno, hemos sido testigos de la ficción de los derechos y garantías enunciadas en nuestra Constitución Nacional. El derecho de reunión y de protesta es atentado en cada manifestación contra un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia, también cada miércoles que los jubilados se manifiestan frente al Congreso. El derecho a un salario digno es atentado cada mes que el SMVM continúa siendo de $271.571,22 mientras la canasta básica es de casi un millón de pesos. La división de poderes establecida en la parte dogmática de nuestra Carta Magna ha sido violada innumerables veces: el decreto 70/23, dictado apenas unos días posterior a la asunción de LLA es el decreto con mayor cantidad de artículos de la historia democracia, y abarca una cantidad de temáticas fríamente calculadas para tirar abajo la legislación de décadas de democracia. Los vetos a las leyes de financiamiento universitario y a la movilidad jubilatoria, a pesar de las multitudinarias protestas a favor de sostenerlas, son sólo un ejemplo más de todo esto.
Quizás todo ello nos ayuda a imaginar, a dimensionar, a entender lo que tenemos enfrente: el ataque no es contra las universidades públicas. El ataque, proveniente de un partido que paradójicamente tiene “libertad” en su nombre, es contra la democracia, el pluralismo, el pensamiento crítico y la Constitución Nacional.
El desfinanciamiento en la educación, particularmente en las universidades, incrementa la tasa de desempleo ya que el nivel de instrucción de las personas es menor. Las esferas en las que se reproduce los productos de la educación pública se manifiestan en todos los ámbitos sociales, es sabido que la mayoría de las personas que ocupan cargos públicos son profesionales egresados de la Universidad Pública, pero también se reproduce en investigaciones, exploraciones, descubrimientos, cultura y arte que repercuten no sólo nacional sino también internacionalmente. También se ve traspolado a los sectores más vulnerables que consecuencia de quedarse sin acceso a la educación, se queda sin la posibilidad -que ya era difícil- de ascender socialmente, y pretender un futuro mejor. Esto no es coincidencia: son los mismos sectores los que, con la herramienta de la educación, tienen la capacidad de cuestionar y criticar las injusticias sociales para luego transformarlas por medio de la organización y ejecución de planes acción tendientes al progreso.
La educación pública está lejos de ser perfecta, es cierto, pero pasarla por encima con una topadora sólo profundizará las desigualdades sociales, hará a nuestro país más pobre y menos soberano y arrancará de raíz cualquier posibilidad de desarrollo y de lograr una verdadera y plena libertad.
Los discursos deslegitimadores de la educación pública y su constante cuestionamiento no hacen otra cosa que agrietar el Estado para llenarlo de desigualdad y posibilidades sectorizadas para quienes estén en mejores condiciones de pagarlas. Quitarle la posibilidad de estudiar a quién no podría hacerlo de no ser pública, es quitarle una de las cualidades que hacen a este país grande.
* Feministas en Derecho es una organización nacida en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba en 2018. Está conformada por estudiantes y egresadas, con el objetivo de disputar, discutir y transformar tanto la justicia como la enseñanza del derecho desde la perspectiva de género y de los derechos humanos.