Por Lucas Crisafulli*, Patricia Coppola** y Lyllan Luque***

Tal vez la conquista moral más importante de nuestro país desde la recuperación de la democracia es la proclamación del NUNCA MÁS. Nunca más desaparecer y torturar personas; nunca más robar hijxs; nunca más quemar libros, nunca más derrocar gobiernos democráticos, nunca más instalar campos de concentración, nunca más un genocidio en la Argentina.

Los diputados nacionales del partido oficialista La Libertad Avanza, Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra, fueron a la cárcel de Ezeiza a visitar a los genocidas allí detenidos: Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Pernías, Adolfo Donda, Ricardo Cavallo y Manuel Cordero Piacentini. Clarín publicó que Beltrán Benedit expresó: “Fuimos a ver excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.

Astiz, excombatiente contra la subversión marxista, fue condenado dos veces a prisión perpetua por el asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, y de la ciudadana sueca, Dagmar Hagelin. Y fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de la organización. El mismo que, en una entrevista durante los años 90, declaró que era el hombre “mejor capacitado para matar a un político o a un periodista”, escándalo que derivó en su expulsión de la Armada y la pérdida de su rango militar.

Jurídicamente, desde 1985, se estableció que, en nuestro país, existió un plan sistemático de eliminación de enemigos políticos, no una guerra. A la primera resolución judicial, le siguieron multiplicidad de sentencias tanto en Argentina como a nivel internacional, que convalidaron este hecho. Cuestionar la legitimidad de estas resoluciones, tildándolas de manipulaciones ideológicas, es desconocer la realidad de los hechos, como afirmar que la existencia del cambio climático es producto de la infiltración marxista.

En Argentina, la última dictadura cívico-militar ejecutó un genocidio. El concepto de genocidio lo instaló el jurista Raphael Lemkin en 1944, en el libro El dominio del Eje en la Europa Ocupada. Allí, lo define como la destrucción de un grupo nacional o étnico. Está compuesta por el sufijo “genos”, que significa grupo, raza o tribu, y la palabra “cide”, que significa matanza o aniquilamiento. Un genocidio no implica la destrucción inmediata de una nación, sino que, como plantea Lemkin, debe comprenderse como un plan coordinado de diferentes acciones, cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupo de ciudadanos.

En un genocidio, el aniquilamiento masivo de personas es un medio para lograr desparramar terror. Los destinatarios del genocidio no son los muertos ―cuyas vidas son utilizadas como medios―, sino los vivos. El objetivo es destruir la identidad de los oprimidos a quienes se les transforma su identidad política, étnica, religiosa o nacional, y sustituirla por la identidad del grupo opresor. Entonces, lo que define a un genocidio no es el número de muertos, sino la práctica de destrucción identitaria.

¿Qué identidad destruyó la dictadura argentina? ¿Qué identidad impuso? La violencia aplicada por el Estado intentó imponer un proyecto económico y destruir una forma de vinculación popular basada en la solidaridad que surgió en América Latina. La respuesta a la pregunta de cómo fue posible que, durante los 90, se aplicaran las políticas neoliberales de desguace del Estado y desprotección de la población, frente a una sociedad que otrora generaba grandes resistencias a las políticas en contra de sus intereses, debe buscarse en cómo la violencia genocida destruyó las relaciones de empatía, solidaridad y cooperación, y las reemplazó por lógicas de competencia, meritocracia y delación. Uno de los resortes para ello fue la construcción de una categoría de sujetos, los subversivos, que, siendo los causantes de todos los males, deben ser eliminados.

Tal vez sea el negacionismo la forma más peligrosa de apuntalar la precariedad de las conquistas en el ámbito de los derechos humanos, ya que desconocer el genocidio argentino es una afrenta a la lucha por el NUNCA MÁS.

El valor central de la categoría genocidio para estudiar las prácticas de la última dictadura cívico-militar radica en que nos ayuda a comprender que la discusión no es numérica. Comprender que, en Argentina, hubo un genocidio implica saber que, más allá de la cantidad de desaparecidos, hay toda una población que fue víctima de una forma brutal de imponer el terror con el objetivo de disciplinar a todo el cuerpo social. Mientras mayor fuera el vínculo de solidaridad, mayor fue el nivel de violencia que el Estado utilizó para romperlo.

Cuestionar la cantidad de las personas desaparecidas, volver a hablar de guerra y de enfrentamiento, volver a instalar palabras tales como excesos, visitar a genocidas y reivindicar su accionar son formas de negar y justificar el horror. No seamos ingenuos, no se trató de una “visita humanitaria” a personas encarceladas. Las cárceles están llenas de personas que requieren de la protección de sus derechos. Este no fue el caso: la visita de los legisladores “libertarios” tuvo el sentido explícito de reivindicar el accionar de los genocidas condenados.

¿Qué implica la defensa de diputados nacionales a personas condenadas por genocidio y delitos contra la humanidad? Implica, precisamente, tomar nota de la precariedad de las conquistas, pero, al mismo tiempo, nos exhorta a construir nuevas nociones que sean capaces de interpelarnos en el presente. Se requiere comprender que la existencia de los derechos humanos no sólo depende de lo que otras personas hicieron para conquistarlos, sino que depende de asumir el compromiso cotidiano de ampliarlos y defenderlos.

La nota fue publicada originalmente en La tinta.

*Lucas Crisafulli es abogado y docente.

** Patricia Coppola es integrante de la Junta Directiva del INECIP.

*** Lyllan Silvana Luque es abogada (Universidad Nacional de Córdoba, UNC) especialista en Criminología (Universidad Nacional del Litoral). Además, es profesora de la Cátedra de Criminología y de Derecho Penal I, ambas de la Facultad de Derecho de la UNC. Docente en la Carrera Interinstitucional de Especialización en Derecho Penal en el marco de la asignatura Criminología, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, secretaría de Posgrado, UNC. Asesora de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Delegación Córdoba.