Por Lucas Crisafulli*, Patricia Coppola** y Lyllan Luque***

Tal vez la conquista moral más importante de nuestro país desde la recuperación de la democracia es la proclamación del NUNCA MÁS. Nunca más desaparecer y torturar personas; nunca más robar hijos; nunca más quemar libros, nunca más derrocar gobiernos democráticos, nunca más instalar campos de concentración, nunca más un genocidio en la Argentina.

El 11 de julio de este año, los diputados nacionales Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra del partido oficialista la Libertad Avanza visitaron en la Cárcel de Ezeiza a los genocidas detenidos allí Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Pernías, Adolfo Donda, Ricardo Cavallo y Manuel Cordero Piacentini. Según publicó el diario Clarín, Beltrán Benedit expresó: “Fuimos a ver ex combatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional”.

Astiz, uno de los genocidas visitados y“ex combatiente contra la subversión marxista”, fue condenado dos veces a prisión perpetua por el asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, así como de la ciudadana sueca Dagmar Hagelin. Astiz fue quien se infiltró en el grupo fundador de las Madres de Plaza de Mayo para organizar el secuestro de Azucena Villaflor, una de las primeras referentes de las Madres.

En una entrevista brindada por Astiz durante los años 90´, declaró que era el hombre “mejor capacitado para matar a un político o a un periodista”, escándalo que derivó en su expulsión de la Armada y la pérdida de su rango militar.

Jurídicamente, desde 1985, se estableció que en nuestro país existió un plan sistemático de eliminación de enemigos políticos, no una guerra. A la primera resolución judicial, le siguieron multiplicidad de sentencias tanto en Argentina, como a nivel internacional, que convalidaron este hecho. Cuestionar la legitimidad de estas resoluciones, tildándolas de manipulaciones ideológicas, es desconocer la realidad de los hechos, como afirmar que la existencia del cambio climático es producto de la infiltración marxista.

En Argentina, la última dictadura cívico militar ejecutó un genocidio. El concepto de genocidio lo instaló el jurista Raphael Lemkin en 1944 en el libro El dominio del Eje en la Europa Ocupada. Allí lo define como la destrucción de un grupo nacional o étnico. Está compuesta por el sufijo “genos” que significa grupo, raza o tribu y la palabra “cide”, que significa matanza o aniquilamiento. Un genocidio no implica la destrucción inmediata de una nación, sino que, como plantea Lemkin, debe comprenderse como un plan coordinado de diferentes acciones cuyo objetivo es la destrucción de las bases esenciales de la vida de grupo de ciudadanos y ciudadanas.

En un genocidio, el aniquilamiento masivo de personas es un medio para lograr desparramar terror. Los destinatarios del genocidio no son los muertos -que sus vidas son utilizadas como medios- sino los vivos, ya que el objetivo es destruitr la identidad de los oprimidos a quienes se les transforma su identidad política, étnica, religiosa o nacional  sustituyéndola por al identidad del grupo opresor. Entonces, lo que define a un genocidio no es el número de muertos sino la práctica de destrucción identitaria.

¿Qué identidad destruyó la dictadura cívico militar argentina? ¿Qué identidad impuso? La violencia aplicada por el Estado intentó imponer un proyecto económico y destruir una forma de vinculación popular basada en la solidaridad que surgió en América Latina. La respuesta a la pregunta de cómo fue posible que durante los ‘90 se aplicaran las políticas neoliberales de desguace del Estado y desprotección de la población frente a una sociedad que otrora generaba grandes resistencias a las políticas en contra de sus intereses, debe buscarse en cómo la violencia genocida destruyó las relaciones de empatía, solidaridad y cooperación y las reemplazó por lógicas de competencia, meritocracia y delación. Uno de los resortes para ello fue la construcción de una categoría de sujetos, los subversivos, que siendo los causantes de todos los males, deben ser eliminados.

Tal vez sea el negacionismo la forma más peligrosa de apuntalar la precariedad de las conquistas en el ámbito de los derechos humanos, ya que desconocer el genocidio argentino es una afrenta a la lucha por el NUNCA MAS.

El valor central de la categoría genocidio para estudiar las prácticas de la última dictadura cívico militar, radica en que nos ayuda a comprender que la discusión no es numérica. Comprender que en Argentina hubo un genocidio implica saber que más allá de la cantidad de desaparecidos, hay toda una población que fue víctima de una forma brutal de imponer el terror con el objetivo de disciplinar a todo el cuerpo social. Mientras mayor fue el vínculo de solidaridad mayor fue el nivel de violencia que el Estado utilizó para romperlo.

Cuestionar la cantidad de desaparecidos, volver a hablar de guerra y de enfrentamiento, volver a instalar palabras tales como excesos, visitar a genocidas y reivindicar su accionar, son formas de negar y justificar el horror. No seamos ingenuos, no se trató de una “visita humanitaria” a personas encarceladas. Las cárceles están llenas de personas que requieren de la protección de sus derechos. Este no fue el caso: la visita de los legisladores “libertarios” tuvo el sentido explícito de reivindicar el accionar de los genocidas condenados.

¿Qué implica la defensa de diputados nacionales a personas condenadas por genocidio y delitos contra la humanidad? Implica, precisamente, tomar nota de la precariedad de las conquistas, pero, al mismo tiempo, nos exhorta a construir nuevas nociones que sean capaces de interpelarnos en el presente. Se requiere comprender que la existencia de los derechos humanos no sólo depende de lo que otras personas hicieron para conquistarlos, sino que depende de asumir el compromiso cotidiano de ampliarlos y defenderlos.

*Lucas Crisafulli es abogado y docente.

** Patricia Coppola es integrante de la Junta Directiva del INECIP.

*** Lyllan Silvana Luque es abogada (Universidad Nacional de Córdoba, UNC) especialista en Criminología (Universidad Nacional del Litoral). Además, es profesora de la Cátedra de Criminología y de Derecho Penal I, ambas de la Facultad de Derecho de la UNC. Docente en la Carrera Interinstitucional de Especialización en Derecho Penal en el marco de la asignatura Criminología, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, secretaría de Posgrado, UNC. Asesora de la Procuración Penitenciaria de la Nación y de la Procuración Penitenciaria de la Nación, Delegación Córdoba.