Por Patricia Coppola*

En 1979, en vísperas de la visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, el ministro del Interior, general Albano Harguindeguy, ordenó comprar 250.000 calcomanías autoadhesivas, en dos tamaños, con el lema “Los argentinos somos derechos y humanos”, para mejorar la imagen de Videla. La dictadura denominó “campaña anti argentina” a las denuncias realizadas por sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, los exiliados y familiares de las víctimas en el exterior.

No por su obviedad deja de resultar inquietante que el carácter trágico de la condición humana no provenga únicamente de nuestra fragilidad biológica ni de la inestabilidad de nuestro entorno ecológico, sino también —y de manera decisiva— de nuestras propias acciones. La fuente principal de la desgracia radica en la tendencia a utilizar a otros seres humanos como instrumentos, como meros recursos al servicio del propio bienestar. Esta práctica alcanza su forma más devastadora cuando es ejercida por quienes detentan el poder, por aquellos que disponen de armas o de medios capaces de someter a sus semejantes a gran escala. El antídoto que hemos inventado para neutralizar esta fuente de desgracias es la idea de los derechos humanos.

Sin embargo, en las sociedades contemporáneas, muchas prácticas que lesionan la dignidad humana no son reconocidas como violaciones a los derechos humanos por los discursos oficiales. Más aún, con frecuencia estas prácticas se legitiman en su nombre. De allí la urgencia de recuperar la legitimidad de ese discurso, para que no pierda su potencia política ni su capacidad de convocar a la lucha por una vida digna.

La hegemonía del lenguaje de los derechos humanos se encuentra asociada a la idea de dignidad humana. No obstante, esta hegemonía convive con una realidad alarmante: la mayoría de la población mundial continúa siendo objeto, y no sujeto, de esos derechos. Surge entonces una pregunta inevitable: ¿acaso la hegemonía de la que hoy goza el discurso de los derechos humanos proclama su victoria histórica o, por el contrario, su derrota histórica?

Desde 1948, con la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vivimos en una cultura que los consagra formalmente, pero que al mismo tiempo los vulnera de manera sistemática. La brecha entre teoría y práctica se manifiesta de múltiples formas: se invocan valores como la democracia, la paz o la lucha contra el terrorismo para justificar intervenciones militares; se restringen derechos civiles en nombre de la seguridad; se imponen sanciones económicas que afectan derechos sociales y se profundizan desigualdades estructurales que deterioran la calidad de vida de amplios sectores de la población.

Resulta particularmente problemático que el discurso de los derechos humanos sea utilizado tanto para legitimar la lógica de acumulación capitalista como para cuestionarla. Esta ambigüedad erosiona su legitimidad. Para quienes protagonizan luchas emancipatorias, es fundamental reconocerse en un discurso coherente, capaz de expresar sus objetivos sociales, éticos y políticos. En ese sentido pienso que las teorías que elaboran los intelectuales y sus opciones epistémicas deben ser capaces de leer el mundo desde el lugar de los excluidos y de los oprimidos de siempre. Tal vez, la validación última de cualquier teoría de los derechos humanos esté en las calles y en manos de los protagonistas de las luchas.

En la historia argentina, la cuestión de los derechos humanos no puede pensarse sin considerar el papel desempeñado por el Poder Judicial, especialmente durante la última dictadura cívico-militar. Lejos de actuar como contrapeso institucional, amplios sectores de la justicia federal y provincial convalidaron, ignoraron o no investigaron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Los hábeas corpus fueron rechazados de manera reiterada, las denuncias de desapariciones desoídas y las detenciones ilegales, en muchos casos, toleradas. Antes incluso del golpe del 24 de marzo de 1976, se configuró una zona gris entre legalidad y represión, marcada por distintos grados de intervención, omisión y colaboración.

Tras el golpe, frente a los secuestros, tortura y desaparición de los ciudadanos, cuando los familiares presentaban recursos judiciales, los hábeas corpus se rechazaban sistemáticamente y si los jueces pedían informes a fuerzas armadas o policiales la respuesta era “no consta detención”. No se abrieron causas por secuestros y no se investigaron denuncias de tortura. No se trató sólo de pasividad sino, más bien, de una omisión estructural. En algunos casos hubo personas “blanqueadas” después del secuestro iniciándose causas judiciales pero la desaparición previa quedaba invisibilizada.

Con la recuperación democrática, el panorama comenzó a transformarse. El Juicio a las Juntas de 1985 constituyó un hito fundamental: por primera vez, un tribunal civil juzgó a los responsables de crímenes de lesa humanidad, consolidando el Estado de Derecho y sentando un precedente internacional.

A pesar de los pesares, en la actualidad, la violencia institucional sigue estando a la orden del día y el propio Poder Judicial incurre en violaciones a los derechos humanos con relación a lo que ocurre en cárceles y comisarías. Aunque no ejecute directamente los abusos, la Justicia es responsable por acción u omisión en su control sobre las condiciones de detención tolerando o naturalizando prácticas tales como el hacinamiento y los abusos policiales, a lo que se suma el conocido uso excesivo del dictado de prisiones preventivas lo que agrava la sobrepoblación carcelaria.

Lucas Crisafulli desarrolla una idea que venimos planteando en común en diferentes artículos académicos y seminarios: los derechos humanos no son logros definitivos ni garantizados, sino conquistas precarias que requieren sostenerse y defenderse constantemente. Existe una tensión constante entre expansión y regresión de derechos.

Al mismo tiempo, asistimos a nuevas generaciones de derechos fundamentales: el derecho a la tierra, al agua, los derechos de la naturaleza, el derecho a la soberanía alimentaria, a la diversidad cultural o a la salud colectiva, entre otros. Este conjunto de derechos constituye un cambio civilizatorio que está en marcha y que no va a concluir en el corto plazo, ya que la lucha por los derechos humanos en las primeras décadas del siglo XXI enfrenta nuevas formas de autoritarismo que conviven cómodamente con regímenes democráticos.

A medio siglo del Golpe de Estado en Argentina de 1976, los derechos humanos siguen interpelándonos: exigen vigilancia activa y compromiso sostenido, para que aquel Nunca Más no se reduzca a una consigna, sino que se afirme como el fundamento ético y político de una paz construida con memoria, justicia y dignidad.

* Patricia Coppola es integrante de la Junta Directiva del INECIP.