Por Evelyn Boche Ventura para Prensa Libre
Alberto Binder es abogado, doctor en Derecho Penal y profesor argentino, asesor en el proceso de formulación del Código Procesal Penal de Guatemala, que ha llegado a su 30 aniversario. Durante esta charla aborda la situación judicial en Guatemala y Latinoamérica y se refiere al desafío que supone el proceso para elección de magistrados de las cortes de justicia.
Usted habla de la situación actual en Latinoamérica como el reflujo posterior a la persecución de la corrupción sin precedentes. ¿Cómo la describe?
Hoy estamos asistiendo en la mayoría de los países de América Latina a un tipo de cooptación del Poder Judicial, de los ministerios públicos que nos deja como azorados, porque no esperábamos que, en democracia, los jueces dictaran resoluciones tan arbitrarias o los fiscales se dedicaran tanto a perseguir a jueces y fiscales, o la situación dolorosa de que gente muy valiosa tiene que irse del país como ocurrió con una de las fiscales que había trabajado casos de corrupción.
Eso ocurre en distintos países y nos preguntamos ¿por qué ocurre eso? y la explicación, que a mí me parece que tenemos que entender al mismo tiempo nos debe preocupar, pero también nos da esperanza, es que si uno toma la situación hace unos años atrás, seis, siete años atrás, también se descubre en América Latina algo inédito y Guatemala también fue ejemplar, hubo un avance en la investigación y judicialización de casos muy complejos en los que están involucrados altísimas autoridades del Estado, presidentes, ministros, empresarios… Se puede decir que fue la primera vez en nuestra historia que los sectores poderosos se sintieron intranquilos, que se había abandonado la impunidad tradicional.
Fue un hecho muy importante que respondió a la queja de que la justicia solo se ocupaba de la gente pobre, vulnerable y los poderosos gozaban de una impunidad tradicional.
Entonces, muchos de los sectores privilegiados de nuestros países, no solo el empresarial, porque hay un desarrollo de la “economía ilegal”, a lo que llamamos expansión de los mercados criminales -abogados, contadores, financistas- se dieron cuenta que tenían que hacer algo para copar la justicia porque si, se ponían en peligro y eso explica por qué en cada uno de los países ocurre lo mismo.
En mi país, Argentina, ahora se está peleando en la Corte Suprema la destitución de una fiscal que logró, por primera vez, una condena para un gobernador de una provincia importante. Como tenemos un Estado federal, tenemos Ministerio Público en cada estado, e inmediatamente el Senado tomó todo el sistema disciplinario de los fiscales y ahora los controla.
En Paraguay han matado fiscales… Hay un juego político distinto y esto explica por qué se da esta situación. Partiendo de esto, hay que hacer dos lecturas, que a mí me parecen importantes para el ciudadano ilustrado que está preocupado por la política.
Uno, lo que nosotros estamos tratando de convertir en una especie de eslogan, es “si se hizo antes, se puede volver a hacer”.
En Guatemala, por ejemplo, las gestiones de Claudia Paz y Paz y de Thelma Aldana, en el Ministerio Público, avanzaban contra esas estructuras, está la gente para volver a hacerlo.
Hay un montón de gente que hoy la está pasando muy mal por lo que hizo, pero se puede volver a hacer. Al mismo tiempo, no tenemos que tener un pensamiento ingenuo, tenemos que tener claro que esto es un partido de ajedrez donde como se dice las fichas el otro jugador también juega y también se están moviendo.
En Guatemala están ante cuatro meses críticos, donde se va a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y más de 200 magistrados. Me parece que hay que hacer un plan cívico de interpelación a las élites, porque quienes eligen a los jueces, no son no es el pueblo de la calle, no es el campesino, son las elites.
La élite judicial, abogados y fiscales, han consentido el cierre de casos o absolución de más de cien señalados por corrupción. ¿A quién le sirve ese sistema de justicia?
La corrupción son básicamente negocios ilegales. Hay mucho dinero proveniente de los mercados ilegales que tienen que hacer negocios con el Estado y esquilmar al Estado, no es solo un problema de moralidad del funcionario, son grandes negocios que corrompen la política, que financian a la política, que tienen sus estructuras y que han copado el sistema judicial. Por eso, este es un momento para que el pensamiento cívico, el pensamiento republicano en América Latina esté claro firme y no sea ingenuo, porque no alcanza decir qué bueno sería tener buenos jueces. Acá hay un juego político y hay un montón de gente que compra el Poder Judicial, que son redes también de abogados, empresarios y de políticos, y están poniendo en un juego mucho: que no vayan presos, que no vayan a perder dinero.
Por eso hay que articular un pensamientos cívico y republicano, no importa si es de derecha del centro o izquierda, y hacer un programa muy intenso de interpelación, por ejemplo a las universidades por su responsabilidad en el nombramiento de magistrados, a los abogados.
Un juez que con evidencias absuelve a los acusados ¿a quién sirve?
A sectores en particular, ustedes imagínense que hay redes y que hay facciones que quieren hacer negocios, estas facciones tienen sus jueces, tienen sus diputados, tienen sus políticos y eso los ponen para que favorezcan los intereses de la facción que corresponda, esto no es un misterio, en países como Estados Unidos, hubo una época en que la mitad de los jueces estaban en la nómina de Al Capone.. no es algo nuevo, la mafia pone sus jueces, sus policías y sus fiscales y las redes de apoyo para hacer sus negocios.
En esta avanzada inédita contra la corrupción ¿se puso a prueba los límites de la justicia penal?
Más o menos porque se lograron muchas cosas. Lo que se puso a prueba es la sostenibilidad, porque como hay sectores de la dirigencia política que están comprometidos en esto, comenzaron a erosionar al sistema. ¿Por qué Guatemala tiene entre 80 y 100 ex funcionarios que lucharon contra la corrupción, con éxito, fuera del país?
Porque hubo un sector de la política que con sus jueces y fiscales de nómina, y otros actores -hasta tienen sus propios portales de noticias- son estructuras criminales muy organizadas inteligentes, planificadas, entonces, dijeron nos es peligroso tener estas 80 personas saquémoslas de acá, y las hostigaron, hay casos escandalosos, pero eso es lo que me parece que no se entiende desde el movimiento cívico republicano, que insisto hoy día va desde el sector de la derecha hasta sectores de la izquierda.
Ese sector cívico republicano que tiene enfrente a las mafias se juega un poco ingenuamente, como diciendo “bueno son simplemente algunos fiscales y jueces que están en la corrupción” ¡no, esto es un juego político muy intenso! Tengo la suerte o la desgracia de poder ver esto en diversos países y me doy cuenta de que es un movimiento general que tiene que ver también con la cooptación de los instrumentos de la democracia. Así que está en juego el futuro de un modo muy intenso, por suerte, ahora ustedes tienen un gobierno que no está comprometido con esos sectores. Se verá si logra desbaratarlos o no, ese es un gran desafío.
Para tratar de tener incidencia en ese juego político ¿hay que tener participación política?
Primero hay que articular, hay abogados, hay jueces, fiscales, sectores en las universidades que no están en el juego faccioso de las mafias, porque insisto “si se hizo antes, se puede volver a hacer”. ¿Imagínense si en este nuevo proceso de postulación vuelven a estar jueces y fiscales que están en la nómina de los mafiosos?
El gobierno de Bernardo Arévalo comenzó como una demanda muy fuerte para destituir a la fiscal general y las acciones han ido por la vía de la legalidad. ¿Es ese el camino?
Está bien que se vaya por la vía legalidad, astutamente, con energía y no ir dejando bueno la estrategia de “todo iba a pasar, se va a ir diluyendo” ha demostrado ser una mala estrategia. Yo lo sé, porque en nuestro país, el gobierno acaba de postular a un ministro de la Corte Suprema -que para nosotros es muy importante, porque son cinco nada más, así que uno es el 20%- a una persona bajo fuertes sospechas de corrupción y de mafia.
Hay un mundo de redes de apoyo de abogados, fiscales de nómina, abogados que hacen negocios, de estructuras criminales, por eso insisto en que están en un momento crítico que deberían declararse como de emergencia institucional para evitar que se cope nuevamente el Poder Judicial.
¿Cómo se interpreta qué a seis meses de un nuevo gobierno, otra exfiscal debe salir al exilio?
Causa desazón. Yo creo que en Guatemala, por lo que conozco y por lo que he visto acá, la sociedad, la ciudadanía, las organizaciones sociales, están haciendo su parte, están gritando, se están movilizando, ejemplar la movilización para impedir una ruptura institucional. Hay que hacer una convocatoria a las élites, a los abogados que están en el Colegio de Abogados que se pongan furiosos y no dejen que los malandras se hagan cargo; en las universidades hay profesores muy valiosos, que interpelen a sus decanos, a los medios de comunicación, ahora es un problema de las élites porque los magistrados no se eligen popularmente, sino por los diputados. Hay que poner todos los cañones en esta elección para si no se logra recuperar totalmente, sí una parte importante de las cortes y luego queda el problema del profundo abuso de poder de la Fiscalía en la persecución judicial y política, que es delictuosa. Ahora si los encargados de perseguir los delitos, cometen delitos y abuso de poder, a mí me cuesta mucho entender que no hay allí una causa de destitución.
Cuando se está utilizando al Ministerio Público para perseguir y hacer que se vayan jueces y fiscales honestos, no se puede uno quedar como espectador. No podemos hablar de corrupción, qué lindo, la transparencia del Estado sin decir, miren tenemos una persona que se está yendo porque no puede vivir en el país. La situación está rayando ya en lo escandaloso.
¿Qué incentivo deberían tener las elites en este llamado para elegir cortes dignas?
Hay dos tipos de incentivos, hay gente que trabaja para los mafiosos y hay mucha gente en Guatemala que trabaja patrióticamente.
Es un juego donde hay dos actores: los que trabajan para las mafias van a seguir haciéndolo, es ingenuo creer que van ceder, no, van a redoblar la apuesta porque tienen ganancias inmensas, influencias.
Acá no hay un problema de ideología, sino de respetar el juego que jugamos todos, lo que tienen que hacer es mejorar el juego y jugar y tan intensamente como lo hacen ellos, acá no hay lugar para tener consideraciones livianas, no, es un juego duro. Este es un partido que se juega con el cuchillo entre los dientes y el que se distrae un minuto le meten un gol. A mí me parece que todavía las élites democráticas, constitucionales, no tienen el cuchillo entre los dientes.
¿Y si nunca han tocado una pelota?
¡Nah! Guatemala es un país con una gran experiencia histórica, nadie es sonso, digamos.
Ha sido invitado para conmemorar los 30 años del Código Procesal Penal. ¿Cuál es su balance con todo el panorama?
El Código Procesal Penal sirvió para hacer muchas cosas, quiere decir que las herramientas las tenemos y justamente, como demostraron que son útiles, se apropiaron de las herramientas. Si se tienen fiscales y jueces que están en la nómina de los mafiosos, no hay ley que aguante. En las manos adecuadas, las herramientas alcanzan para una buena política anticorrupción.
La publicidad es uno de los principios de la justicia. ¿Qué nos dice la reserva de los casos, incluso para las personas señaladas?
Eso es persecución política, no es aplicación de la ley. El código es claro, las leyes son claras, siempre hay una una facción que tiene muy claro y no tiene ningún problema en incumplir las leyes o distorsionarlas y hay otros sectores que tienen claro, cómo hacerla funcionar correctamente y en el medio hay los burócratas, jueces y fiscales que no les importa mucho una cosa y que están preocupados por su carrera. A este sector del medio hay que decirles que hay que trazar una divisoria y preguntarles ¿estás de este lado o estás de este otro?
No hay espacio ya para para hacerse distraído de lo que pase en los próximos cuatro meses.
A principio de año se habló tímidamente de tender puente oro para algunos actores de corrupción o para Consuelo Porras ¿Cómo ve esa alternativa?
Eso ya será estrategia. Yo sé que soy extranjero, que debo ser respetuoso, pero he trabajado muchos años en Guatemala y me he formado un profundo cariño, y no puede continuar la fiscal general a cargo de un Ministerio Público que persigue a quienes han luchado contra la corrupción. Es inadmisible, no puede haber una legalidad que proteja eso, la Constitución está para que los funcionarios la respeten no para protegerlos y que hagan persecuciones políticas.
Acá hay demasiados expertos como para saber cómo se hace, pero no se puede dejar pasar esto, sino cada día que va pasando se va consintiendo más. Que me disculpe la fiscal general, a quien no conozco creo que alguna vez he visto, pero lo mejor que podría hacer es irse por el bien de la República y sino, habrá que sacarla.
En el combate de la corrupción, ¿es posible hablar de justicia sin que haya sanción penal?
Hoy en día la estrategia es muy compleja porque los instrumentos son muy complejos, por ejemplo, la estrategia de recuperación de activos, decomisos, extinción de dominio, dan una enorme cantidad de instrumentos que son más administrativos que judiciales con lo cual se puede hacer una política muy intensa, la penalización de personas jurídicas el hecho de que si una empresa estuvo comprometida con casos de corrupción ya nunca más puede estar en el servicio del Estado.
Hay muchísimas herramientas, el punto es que luego son judicializadas y se frenen. Por eso las facciones mafiosas se han apropiado del Poder Judicial.