Por Hugo Selene*
Todos los diputados y senadores que votaron en contra del proyecto de ley que buscaba reparar el recorte presupuestario sufrido por las Universidades Nacionales, juraron desempeñar fielmente el cargo. Los diputados Luis Picat, Belén Avico, Cecilia Ibañez y Laura Rodriguez Machado, invocaron sólo a la Patria. Rodriguez Machado agregó que juraba “…por el pueblo de la Provincia de Córdoba…”, como si la Patria no incluyese a las partes que la componen. Gabrien Bornoroni, Celeste Ponce y la senadora Carmen Álvarez Rivero agregaron a Dios y a los Santos Evangelios. A Ponce pareció no bastarle, así que acotó que juraba por “…la familia, la vida y la libertad…”, dando a entender que al Dios que había invocado antes estas cosas le traían sin cuidado y era necesario sumarlas.
Todos han desempeñado mal su función, faltando a su juramento. En una Democracia Representativa y Constitucional, los diputados y senadores tienen un deber que incumplieron: ofrecer razones para justificar su voto. Sólo de este modo los ciudadanos a quienes representan son tratados como individuos racionales de quienes se espera aceptación y no sólo súbditos de quienes se exige sumisión. Ninguno de los diputados hizo uso de la palabra. Sólo habló, en el Senado, Álvarez Rivero y lo que ofreció como razones no tuvo mayor valor que el silencio.
La situación de los diputados es más grave porque no sólo decidieron en contra del sostenimiento económico del sistema universitario, sin dar razones; también decidieron, luego del veto, concederle la última palabra al Presidente en una cuestión reservada al Congreso (art. 75 inc. Constitución Nacional). No sólo callaron cuando debían justificar su voto que negaba el financiamiento universitario, sino que también callaron a la hora de justificar su decisión de convalidar el veto presidencial en lugar de la decisión tomada por el cuerpo legislativo al que pertenecen. Como la legitimidad democrática del Congreso, donde todas las voces están representadas, es mayor que la legitimidad del Presidente, elegido sólo por la mayoría, sobre ellos pesaba la carga de justificar su decisión de dejarle la última palabra, expresada a través del veto, al órgano menos representativo.
El proceder más cuestionable lo tuvo el diputado por la UCR, Luis Picat. No asistió a la sesión en la que se aprobó el proyecto de ley elaborado por su propia bancada. Luego del veto presidencial cuando el proyecto volvió a diputados, apartándose de la decisión del presidente de su bloque, votó en contra. No rebatió las razones a favor del proyecto ofrecidas por éste, ni ofreció ninguna para su propio voto en contra.
Cecilia Ibañez, diputada electa por la Libertad Avanza que conforma un bloque propio del MID, presidido por Oscar Zago, tampoco abrió la boca. Ninguno de los dos dijo nada para justificar su decisión de, primero, oponerse al proyecto y, luego, dar preeminencia a la voluntad presidencial expresada en el veto en lugar de la plasmada en la decisión parlamentaria.
Gabriel Bornoroni y Celeste Ponce, diputados por la Libertad Avanza también guardaron silencio. Un miembro de su bancada que sí justificó el voto fue el diputado Espert. Las consideraciones que esgrimió como razones fueron o bien falsas o bien inconsistentes con sus propias conductas precedentes. En primer lugar, negó falsamente que los recursos transferidos por el Estado a las universidades hubiesen disminuido. Sin embargo, como la mentira es una conducta recurrente en el gobierno al que pertenece, más interés reviste lo defectuoso de su segundo argumento. Sostuvo que de aprobarse la ley esto iría “…en contra del déficit cero…” Vinculado con esto, señaló que “el proyecto de aumento del gasto de las universidades, o cualquier otro proyecto de aumento del gasto público sin fuente de financiación genuina, altera el valor de la moneda.” Es interesante destacar que, si se sostiene que el valor de la moneda puede ser afectado por el aumento de gastos sin identificación de los ingresos que lo cubrirán, entonces por lógica debe concluirse que igual afectación se produce por el recorte de ingresos sin identificación de qué otro tipo de ingresos los reemplazará o cuáles serán los gastos dejados de solventar. Sin embargo, Espert, al igual que Bornoroni y Ponce, estuvieron a favor de la reducción del impuesto a los bienes personales, sin establecer allí otra fuente de financiamiento o especificar la erogación que se dejaba de realizar. El argumento, por lo tanto, es inconsistente con sus conductas precedentes.
Las diputadas por el PRO, Belén Avico y Laura Rodriguez Machado, también guardaron silencio. En la primera votación, el presidente de su bloque, Cristian Ritondo, se retiró del recinto. Un miembro del bloque que sí justificó su voto fue la diputada Figueroa Casas. Sus argumentos fueron o bien inconsistentes o bien irrelevantes. En primer lugar, cuestionó el modo en el que los fondos son distribuidos entre las diferentes universidades y carreras. El argumento es irrelevante dado que desacordar con la porción de recursos que recibe cada universidad en el reparto no puede ser una razón para disminuir el monto total de los recursos a repartir que reciben todas. En segundo lugar, planteó la necesidad de mecanismos que controlen el uso de los fondos universitarios. El argumento es irrelevante dado que dicho mecanismo existe, es la Auditoría General de la Nación, y conformarla es tarea del Congreso.
En la segunda votación, por convalidar el veto, Ritondo agregó un argumento irrelevante y otro inconsistente de su propia cosecha. Primero, adujo que a quienes votaban a favor del financiamiento universitario “sólo les importa golpear a un gobierno que tiene debilidad parlamentaria e intentar que al gobierno le vaya mal…” La atribución de intenciones en otros, que tienen conductas opuestas, sirven para revelar las propias. Si Ritondo pensaba que a quienes votaban por recomponer los fondos universitarios sólo les interesaba oponerse al gobierno, es razonable conjeturar que a él sólo le interesaba respaldarlo, aun a costa del recorte infringido a las universidades. El mero deseo de respaldar al gobierno no es una razón que justifique como correctas sus políticas, por el contrario, es la corrección de sus políticas la que debería justificar ofrecerle respaldo. En segundo lugar, señaló que para tener una educación de calidad era necesario “…sanear la economía…”. Es contradictorio recortar los fondos universitarios, poniendo en riesgo la calidad de la educación, para sanear la economía, y luego sostener que se la está saneando para garantizar la calidad de la educación.
Finalmente, Carmen Álvarez Rivero, la senadora por el PRO-Juntos por el Cambio fue la única que habló. Sostuvo que estábamos frente a un par de disyunciones trágicas donde el mal menor era recortar los fondos del sistema universitario. Primero se concentró en la pobreza. Señaló: “Hay que invertir más y, sobre todo, mucho mejor en educación; en eso coincidimos. Pero hoy, en la Argentina, la mayoría de los chicos son pobres, y la mayoría de los pobres son chicos” Luego se focalizó en el fracaso de la enseñanza obligatoria. Afirmó que “sólo un 30% de los chicos que terminan la primaria comprenden y pueden escribir. Y… cuando llegan a la secundaria… abandonan…” “…del 40 % de chicos que logra terminar el secundario, un 30 %… solamente ingresa a la universidad…solo un 20 % en las universidades nacionales; solo un 20 % de ellos terminan…” El argumento presupone que los recursos estatales no son suficientes para alcanzar diferentes objetivos al mismo tiempo, y que debe optarse por producir el mal menor, en este caso, desfinanciar a las universidades. La premisa es inconsistente con la propia conducta precedente de la senadora, que al igual que los diputados, votó por reducir el impuesto a los bienes personales mermando los ingresos del Estado. Si los ingresos podían reducirse es porque ella presuponía que no eran insuficientes, contrario a lo que ahora arguye. Adicionalmente, el argumento del mal menor puede usarse cuando la conducta del propio gobierno no ha contribuido a agravar el mal mayor que se emplea como excusa. De lo contrario, bastaría con agravar la pobreza o empeorar la situación de las escuelas primarias y secundarias, lo que de hecho hizo el actual gobierno, para luego emplear el mal que él mismo ha contribuido a agravar como excusa para causar otro menor no satisfaciendo un derecho supuestamente de menor importancia, en este caso el acceso a la educación universitaria. El argumento, por lo tanto, no sólo es inconsistente sino cínico.
La conducta inmoral y desaprensiva de todos los nombrados muestra lo poco que les importa aquello por lo que juraron: Dios, la Patria, los Evangelios, el Pueblo de la Provincia, la Familia, la Vida y la Libertad. El castigo está en suspenso y sólo puede ser impuesto por la ciudadanía. No sólo expulsándolos, con el voto, de las bancas que no merecen ocupar, sino también haciendo que el reproche social los persiga a cualquier lugar. En una democracia los ciudadanos sólo pueden estar tranquilos cuando los funcionarios que desempeñaron infielmente su cargo no tienen refugio donde descansar.
* Hugo Seleme es investigador principal del CONICET, profesor titular de Ética de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y director del Programa de Ética y Teoría Política.
**Foto: Prensa Diputados