Por Alejandra Perez Scalzi*
Durante los últimos sesenta años, activistas y organizaciones de la sociedad civil junto con gobiernos han instado y desplegados esfuerzos a fin de posicionar, en la agenda pública, políticas capaces de crear un nuevo escenario más justo y equilibrado para mujeres y varones, abordando los principales obstáculos para la consecución de la igualdad de género. Dan sustento normativo al proceso de transformación, consenso y marco de acción internacional, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Plataforma de Acción de Beijing y otros acuerdos e iniciativas internacionales, lo cual ha permitido lograr avances notables para subsanar las disparidades de género en ámbitos educativos y los salariales, entre otros aspectos.
El argumento generalizado que hoy sostiene la importancia de instar la efectividad de los derechos es que “lograr la igualdad de género es fundamental para fortalecer la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el desarrollo sostenible”. Este hecho se constata en los numerosos acuerdos internacionales, entre ellos los Objetivos de Desarrollo (Agenda 2030), donde la igualdad de género figura como un objetivo independiente (ODS5) y, a su vez, es considerada como un prerrequisito para la consecución de los demás objetivos. Sin embargo, en términos de legislación interna, la igualdad de género continúa esperando su turno, por lo tanto, la cuestión se parece más a un deseo que se enuncia a viva voz sin asumir responsabilidades ante su incumplimiento.
Sin dejar de lado los avances de los últimos tiempos, nos quedan importantes disparidades de las que dan cuenta, a nivel global o regional, algunos indicadores, como el Índice de Desarrollo relativo al género (IDG) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concentrado en las dimensiones de salud, ingresos y educación (PNUD, 2022). Otros han incluido también indicadores relativos al acceso a posiciones de poder en el Parlamento, como el Índice de Potenciación de la Mujer (GEM) (UNDP, 1995), el Informe Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial (WEF, 2022), el Índice de Igualdad de Género del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, entre otros. Estos índices son de vital importancia ya que nos permiten dar cuenta de lo vivenciado por las mujeres en nuestro país: no existen dudas sobre el vínculo existente entre la desigualdad de género y de acceso a derechos de las mujeres, comprometiendo sus autonomías económicas, físicas y políticas.
La consecuencia directa de las desigualdades en el mercado de trabajo y las brechas del trabajo doméstico y de cuidado es la precarización y feminización de la pobreza.
En Argentina, las mujeres enfrentan mayores niveles de desempleo y de precarización laboral que los varones. La brecha de ingresos es de 27,7 % y aumenta cuando se trata de trabajos informales, alcanzando el 36,8 %. Estas diferencias se ven reforzadas por una asimétrica distribución de las tareas domésticas y de cuidados no remunerados: las mujeres dedican tres veces más de tiempo a estas labores que los varones. A su vez, nueve de cada diez mujeres realizan estas tareas y esta jornada de trabajo no pago se extiende, en promedio, 6,4 horas diarias. Esta segunda jornada, que se realiza en los hogares, es un factor relevante a la hora de explicar por qué las mujeres tienen mayores niveles de precarización laboral y desempleo.
La consecuencia directa de las desigualdades en el mercado de trabajo y las brechas del trabajo doméstico y de cuidado es la precarización y feminización de la pobreza: las mujeres están sobrerrepresentadas en el decil de ingresos más bajos (69 %) y subrepresentadas en el de ingresos más altos (37 %). Esta situación necesariamente implica que accedan a una menor cantidad de recursos económicos y que asuman en mayor medida el trabajo no remunerado, lo cual implica también necesariamente decisiones e incidencia condicionadas en la esfera privada y pública, entre otras inequidades.
Por otra parte, esa igualdad tan “esperada” sostiene que la participación y el liderazgo de las mujeres en la política y la vida pública en igualdad son fundamentales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible antes del 2030. Sin embargo, la participación política de las mujeres puede resumirse en la historia de su invisibilización y conquista. El disfrute de sus derechos políticos está ligado, en la mayoría de los supuestos, a su construcción como ciudadanas. Los movimientos de mujeres y feministas han sido los principales impulsores de esta larga lucha por la igualdad. En este recorrido, muchas veces han puesto más énfasis en participar –en la construcción democrática– que en llegar a decidir en ella. Se expresa por diversos canales y dinámicas y presenta diferentes grados de implicación de las/los sujetos (iniciativas de asociación en torno a algún asunto de interés común, participación en manifestaciones públicas, instituciones sociales, contactos con autoridades, inclusión en procesos de monitoreo audiencias y otras formas de ejercer la democracia participativa).
Los datos también muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones de nuestro país.
La participación política formal se refiere a la que regula el acceso a los sistemas de representación y se resume en el derecho de las personas a elegir y a ser elegidas mediante el voto y a acceder a cargos de toma de decisiones en los diferentes órganos de gobierno y de las instituciones públicas por mecanismos legítimamente establecidos. Argentina fue el primer país del mundo en otorgar por ley pisos de participación en el plano de la representación política de las mujeres en el sistema electoral a su vez es la Ley N° 24.012/91 de trato diferenciado para la elección de mujeres como representantes en el Congreso de la Nación. Por ley, cada distrito electoral debía incorporar en sus listas de candidaturas un 30 % de mujeres “con posibilidad de resultar electas.” Con vueltas y trampas sobre la marcha, 26 años después la Ley N° 27.41/27 instala la paridad al requerir la conformación de las listas mediante la intercalación de postulantes varones y mujeres hasta completar el total, con el objetivo de promover un 50 % de candidatas mujeres. La acción de los movimientos feministas ha convocado al Estado para mirar de frente a la desigualdad de género en todas sus formas.
Los datos también muestran que la representación de las mujeres es insuficiente en todos los niveles de toma de decisiones de nuestro país. Por tanto, la paridad de género en la política está aún lejos de ser alcanzada. A pesar de las tres décadas de vigencia de estas innovaciones, que en muchos casos han inspirado cambios y transformaciones en toda la región gestionados y apoyados por importantes niveles de movilización sostenidos por el activismo, quedan aún grandes desafíos para lograr participar políticamente y acceder equitativamente a las distintas esferas de la economía.
Bregar por el logro de la autonomía social, económica y física de las mujeres, garantizar el pleno disfrute de sus derechos humanos, así como la equidad de género en el acceso a la participación e instancias de decisión, no deben ser considerados asuntos propios de las mujeres, ya que es la sociedad en su conjunto la que pierde talentos y diversidad cuando existen barreras que impiden la igualdad real de oportunidades para las personas. El Estado argentino, como garante de los derechos de la población, se comprometió a generar mecanismos para reducir la inequidad entre varones y mujeres en sus múltiples aristas. Es necesario que el Estado tome las medidas para lograr una mayor participación de las mujeres en puestos de decisión, una distribución más justa de las tareas dentro del hogar, mejores trayectorias laborales femeninas y el efectivo goce de los derechos sexuales y reproductivos. Solo con una perspectiva integral e interrelacionada se podrá lograr el real empoderamiento de las mujeres y diversidades. Ocuparse de la cuestión de género es también avanzar hacia la garantía del pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, y su autonomía en procura de una sociedad más justa, integral y equitativa.
*Alejandra Perez Scalzi es especialista en economía familiar y género y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Foto portada: NA