El INECIP publicó el informe de avance de una investigación que busca empezar a medir la eficacia de los Ministerios Públicos Fiscales de nuestro país. Los resultados fueron alarmantes: nueve de cada diez casos que ingresan a las fiscalías quedan sin una respuesta de calidad básica. Con sutiles variaciones, el número se repite en todas las provincias de la Argentina, e incluso en el sistema federal. Este primer paso de investigación es una invitación a los Ministerios Públicos a trabajar en la construcción de información estadística de calidad, un paso imprescindible para mejorar su funcionamiento y permitir un sano debate democrático sobre las políticas de persecución penal en nuestro país.
Por Julián Alfie*
La investigación del grupo de trabajo de Ministerios Públicos y Sistemas Acusatorios del INECIP afronta una tarea que deberían estar realizando los propios Ministerios Públicos, pero que hoy pocos hacen: evaluar su desempeño. Como primer paso, se tomó un criterio muy simple, que requiere muchas profundizaciones, pero que resultó necesario dada la limitada cantidad de información disponible: medir qué cantidad de respuestas le están dando al total de casos que reciben.
Se trata de cálculos muy sencillos, pero elocuentes. Los resultados están a la vista. El Ministerio Público menos ineficaz del país apenas alcanza un nueve por ciento (sobre cien) de eficacia político criminal. Esto significa que sólo uno de cada diez casos que ingresan a una fiscalía recibe una respuesta con algún mínimo potencial como para incidir sobre el control de la criminalidad: condena, suspensión de juicio a prueba o acuerdo reparatorio. En una segunda tasa también se contabilizaron, como respuesta de “calidad básica”, a las absoluciones y sobreseimientos, pero los resultados fueron muy similares.
El Ministerio Público menos ineficaz del país apenas alcanza un 9 % (sobre 100%) de eficacia político criminal.
Estas tasas se elaboraron en base a información que fue enviada por los propios Ministerios Públicos y Poderes Judiciales de cada jurisdicción, luego de solicitudes oficiales, ya que los datos no son públicos en casi ninguna provincia. Esa falta de información, ya sea porque no se produce, o porque se produce, pero no se utiliza o no se publica, es uno de los principales problemas observados en la investigación. Una organización que no cuenta con información básica sobre su desempeño, difícilmente podrá mejorarlo. Pero si, además, se trata de una organización pública que gestiona recursos tan sensibles para la vida democrática como lo es la violencia estatal, el problema es mayor aún. El bajo nivel de rendición de cuentas por parte de los sistemas judiciales debe comenzar a ser revertido por los Ministerios Públicos, como gestores de los intereses generales de la sociedad.
La publicación no busca cerrar la discusión sobre cómo medir la eficacia de los Ministerios Públicos. Por el contrario, pretende dar comienzo a ese debate tan postergado, para seguir profundizando en otras dimensiones que hacen a la evaluación de desempeño. Se trata, principalmente, de una invitación a generar un canal de diálogo entre las fiscalías y la sociedad civil, para permitir un debate democrático sobre las políticas de persecución penal, en el marco de una política criminal. Sin información de calidad y útil para la toma de decisiones públicas, ese debate seguirá siendo un mero intercambio de intuiciones, que resultan incontrastables con el funcionamiento real de los sistemas.
Han pasado más de 30 años desde las primeras grandes reformas procesales penales de nuestro país. Conformarse con los avances logrados, mientras nuestras sociedades siguen padeciendo altos niveles de violencia, sería un grave error. Los Ministerios Públicos están llamados a ser actores protagónicos de nuestros Estados de Derecho. Tienen a su cargo la compleja tarea de representar los intereses de los diversos sectores victimizados, para que los conflictos se gestionen de la forma menos violenta posible. Esta sensible tarea requiere que los Ministerios Públicos empiecen a planificar y evaluar sus tareas en base a información clara, y de cara a la ciudadanía. Sólo así podremos tener un sano debate democrático sobre el desempeño de las fiscalías.
*Julián Alfie es director del programa Ministerios Públicos y Sistemas Acusatorios del INECIP.