El objetivo del área es promover reformas que aseguren un sistema carcelario y de ejecución de las penas compatible con los pilares de un estado democrático y de derecho a partir de reformas legislativas, institucionales y políticas, con énfasis en cuestiones como: la prisión preventiva, las condiciones de detención, la violencia institucional, la defensa de los privados de la libertad, y el control legal, institucional y ciudadano sobre las políticas penitenciarias, entre otras.