Con la sanción de la Ley Nº 26.364 por medio de la cual se incorporó la figura de la trata de personas con fines de explotación sexual a nuestro ordenamiento jurídico, se abrió un proceso de generación de estructuras, áreas, programas y prácticas en las distintas órbitas de los estados provinciales, municipales y del Estado Nacional, abocadas al tratamiento de las múltiples dimensiones de la problemática.

Gran parte de la expansión de esas políticas estatales en sus distintos niveles, no estuvo diseñada sobre la base de diagnósticos que permitieran adecuar la intervención a las formas que asume la problemática de la trata sexual en nuestro país.

Con la convicción de que es de carácter prioritario ejercer un seguimiento, monitoreo y evaluación tanto de la problemática como de las respuestas que los distintos niveles de la política pública han ensayado para abordarla, inclusive desde el aspecto normativo, es que desde el programa se busca aportar información para la discusión, planificación y ejecución de las políticas que se adopten.