El acceso a la justicia configura un componente central de la noción de ciudadanía para la construcción del ideal democrático. En nuestra región, los ciudadanos no siempre acceden a esta posibilidad por distintos obstáculos: sociales, cognitivos, económicos, educacionales, territoriales, etc.  Estos impedimentos develan las desigualdades estructurales que dejan fuera de los sistemas de justicia a las personas más vulnerables.

Los objetivos del grupo de trabajo apuntan a encontrar soluciones a largo plazo para la falta de servicios legales; coordinar esfuerzos con distintas instituciones públicas para ampliar el acceso a la justicia; proponer normas, reglamentaciones y políticas; desarrollar modelos de asistencia legal; fomentar el uso de herramientas de auto ayuda; facilitar la participación comunitaria y la creación de programas de educación vecinal.

En ese marco, las actividades apuntan a promover proyectos para aumentar la tutela efectiva y el acceso a la justicia a través de reformas normativas; modelos de modernización y descentralización del sistema de justicia; programas para ofrecer servicios legales y la construcción de redes interinstitucionales que ofrezcan herramientas concretas para la efectiva realización de los derechos.