El grupo de trabajo pretende contribuir a la implementación real y efectiva de los derechos de las personas que necesitan defensa penal en América Latina para garantizar el derecho a un juicio justo, especialmente cuando estas no pueden pagar un abogado. La meta es avanzar hacia la garantía de sus derechos por medio del fortalecimiento de los estándares regionales y locales de defensa penal efectiva. En base a la investigación empírica sobre la operación de la defensa efectiva, se trabaja en el diseño de propuestas y recomendaciones de reforma a los encargados de desarrollar políticas públicas y a quienes litigan en el sistema penal.