Las democracias actuales atraviesan una crisis de legitimidad en sus sistemas de justicia, marcada por la dificultad de garantizar la paz social y gestionar los conflictos. En este contexto, los municipios cumplen un rol central: son la primera línea de atención y la institución más cercana a la vida cotidiana de las personas.

Una de las políticas centrales que los gobiernos locales requieren para gestionar de mejor modo la conflictividad de sus ciudades, es la justicia municipal. Sin embargo, ésta ha oscilado históricamente entre dos extremos: por un lado, una visión administrativa de multas y faltas; por otro, la tendencia a transformar los problemas vecinales en asuntos penales. Esta tensión la volvió burocrática, excesivamente formal y poco efectiva.

Ello ha llevado a que los municipios no cuenten con herramientas adecuadas para poder responder a los conflictos vecinales, vislumbrando la necesidad, por un lado, de superar esas visiones y por otro, de crear instituciones que estén a la altura de las demandas actuales, que prioricen la oralidad, los mecanismos composicionales y la participación ciudadana.

Repensar el rol de la justicia municipal se vuelve indispensable en un escenario de creciente conflictividad, altos niveles de crispación social y fuertes cuestionamientos a las reglas básicas de convivencia.